La prioridad principal de cualquier funcionario electo es la seguridad de las personas que representa.
Programar reuniones periódicas con todos los servicios de emergencia y las agencias del orden público.
Apoyar a las agencias del orden público.
Apoyar la cooperación plena entre todos los niveles de las fuerzas del orden.
Cámaras corporales para todos.
Derogar las políticas de fianza sin efectivo.
Derogar la Ley de Protección de la Inmigración.
Derogar la Ley HALT.
Eliminar las armas ilegales de nuestras calles.
No se sellará el historial de los menores de 18 años que cometan determinados delitos que deban revisarse si esta persona solicita un permiso de pistola.
Las licencias de conducir y otras formas de identificación deben tener la designación de ciudadanía.
Ampliar, mejorar y crear programas de extensión comunitaria.
Trabajar con hospitales, escuelas y espacios públicos para elaborar planes estratégicos de seguridad.